María Eugenia Rodríguez Vásquez[1]
Universidad del Valle
Santiago de Cali, Colombia
La participación no solo implica cumplir con la asistencia a los espacios sociales o sectoriales, como acción conlleva en su propósito a incidir y/o impactar en el esquema de relacionamiento en el cual están inmersos los actores; como tal, la participación es un estadio en el cual los diferentes individuos se relacionan e inciden sobre las temáticas o problemas públicos y sociales, como a su vez, generan vínculos de dependencia e interdependencia sobre si mismos en el marco del reconocimiento mutuo.
Ahora, hablar de participación juvenil requiere definir qué y quiénes son los jóvenes, algunos autores encasillaran su conceptualización a partir de un nivel etario, referenciando a estos como un grupo poblacional en el marco de unos rangos de edad, como ocurre en Colombia, donde son categorizados a partir de los 14 años hasta los 28 años de edad, llegando esto a variar según el ámbito territorial en el cual se encuentren ubicados los individuos.
Otros autores por su parte denotaran a estos como sujetos que se encuentran en el marco de un ciclo de vida, los cuales se ubican entre la adultez y la adolescencia, empero, más allá de una definición sobre estos, su abordaje como sujetos implica el reconocimiento de referenciales, simbologías, necesidades y problemáticas propias que impactan en el desarrollo de las sociedades y los territorios que habitan.
Actualmente los jóvenes no son el futuro de la región, hoy han demostrado ser el presente de Latinoamérica; y aunque suene a frase cliché, se ha observado en los diferentes países que la juventud continúa ampliando su incidencia en los escenarios participativos, enfocando sus esfuerzos no solo en los ámbitos educativos, deportivos y culturales, sino también incrementando su desarrollo y participación en los escenarios políticos.
Es notorio el cambio de su rol y en su incidencia, se ha pasado de presentar a los jóvenes como un actor presente en la socialización de la gestión pública a un protagonista en el marco de las luchas sociales, políticas e incluso económicas en la región, tal como se observó en Colombia durante el estallido social del año 2021 y en Perú con la denominada Generación del Bicentenario en el año 2020.
Sí bien en otrora, los jóvenes se encontraban como actores secundarios en la construcción de sus comunidades y los territorios, con el transcurrir las últimas tres décadas han sido mayores los espacios de participación a los cuales se han integrado. Lo cual conlleva a pensar en qué tanto han avanzado los países de la región en la comprensión de la otredad en términos generacionales, así como en el abordaje de las decisiones públicas desde escenarios plurales.
No es un secreto que la gestión pública con el devenir del tiempo permitió avanzar a modelos de toma de decisión más participativos y dialógicos, orientados bajo la lógica de la gobernanza; que lograron que nuevos actores, como es el caso de los jóvenes, tuviesen roles protagónicos en la creación de sus realidades. Empero, aún hay limitantes en el ejercicio participativo con los que se deben lidiar y que limitan a estos como sujetos en su desarrollo integral como comunidad, ciudadanos, e incluso como sujetos incidentes.
Un limitante principal son los escenarios organizativos públicos, donde se conciben múltiples instancias de participación de diversa índole (mesas, comités, asambleas, consejos, entre otros), algunas con mayor alcance en la participación que otras (instancias de decisión, técnicas, de control y de participación); lo cual genera tanto en los participantes como en los representantes delegatorios de los jóvenes un desgaste para la toma de decisión y para el abordaje de las intervenciones públicas.
La existencia de múltiples escenarios exige en los jóvenes niveles de articulación y coordinación, que según el espacio territorial y las temáticas abordadas puede denotar en otro tipo de factores limitantes como pueden ser: bajos niveles de comunicación, centralización de la gestión social, poca legitimidad en la representación, y desinterés de los jóvenes para participar, entre otros.
Estos últimos factores mencionados pueden conllevar a generar liderazgos sin repercusión en el ámbito social, los cuales no conecten con una porción mayoritaria de jóvenes; sea esto por la incapacidad de comunicar sus desarrollos, sus ideas y abordajes en los espacios de participación, o por la falta de comprensión de las problemáticas de la población más allá de sus propias perspectivas y contextos, como por el desinterés en algunas temáticas, y la apropiación de una agenda individual y no colectiva.
Estas limitantes también pueden denotar la existencia de una disputa referencial entre el desarrollo de la democracia representativa y la democracia integral en el sistema de participación juvenil, toda vez que, los jóvenes que no se sienten representados buscan ampliar su participación e incidencia en los diversos ámbitos tanto a nivel individual como colectiva, mientras los que se encuentran bajo figuras delegativas y/o representativas como los Consejos de Juventud, las Plataformas de Juventud, y demás tipo de instituciones formales e informales además de tener un reconocimiento por parte de los entes públicos pueden limitar la participación de los otros en la toma de decisiones, lo cual puede llevar a conflictos entre el grupo poblacional.
Ahora bien, no se debe olvidar que la institucionalidad también puede convertirse en un obstáculo para la participación juvenil según la región en dónde nos encontremos, toda vez que, dependiendo del régimen político, los escenarios existentes, el nivel de burocratización de la administración pública, como la visión de los gobiernos de turno; la participación puede transitar de estadios de socialización, netamente dedicados al relato de la gestión pública sobre el desempeño administrativo del gobierno; a escenarios de participación directa y activa, de tipo doble vía, a partir de los cuales exista un relacionamiento constante y una retroalimentación entre los actores, el cual permita la mejora de las intervenciones sociales con base en la percepción y el seguimiento al desarrollo de estas, dándole en este marco de acción un papel más activo y real a los jóvenes en términos de concertación y toma de decisiones, más allá de su rol como beneficiarios.
Esta institucionalización también requiere que existan marcos jurídicos y/o normativos estables y estructuras estratégicas de política que centren la visión en los diferentes actores sociales, de esta manera, es pertinente que en los diferentes países de la región como en los entes territoriales que les conforman (ciudades, provincias, departamentos, entre otros), se adopten diversas herramientas de gestión pública (políticas públicas, planes, programas, proyectos, etc.) que permitan dar tratamiento a los problemas de las poblaciones objetivo, como ocurre en el caso de los jóvenes, reconociendo en estos sus diferenciales y condiciones de partida característicos en cada contexto.
Un abordaje oportuno de las problemáticas juveniles requiere no solo que existan políticas públicas a nivel nacional que adopten marcos de acción a largo plazo, es pertinente que en los niveles territoriales y administrativos inferiores se encuentren acciones estratégicas que permitan intervenciones públicas tanto a mediano como a corto plazo.
De esta manera, no solo es necesario contar con políticas públicas, sino que a nivel de los planes de desarrollo, de los programas, estrategias y proyectos de inversión es inevitable que se integren instrucciones sobre cómo abordar los problemas de la juventud, cómo fortalecer la garantía de sus derechos, y cómo fomentar su participación activa, asignando a esto rubros presupuestales que permitan el logro tangible de alternativas de solución.
Por otra parte, se debe tener presente que el abordar las problemáticas sociales no solo implica traer a los actores implicados a la arena política y a la toma de decisiones, sino que también conlleva a pensar estas problemáticas de manera sectorial; siendo así como, la intervención pública se debe orientar desde el ámbito poblacional, con base en el ciclo de vida, los enfoques diferenciales, como a su vez partiendo de los desarrollos sectoriales, involucrando en el tratamiento de las temáticas a los ámbitos educativos, económicos, políticos, e incluso a la justicia, la salud pública y la seguridad como parte fundamental de temarios concernientes a la salud mental y la convivencia ciudadana, entre otros.
Ahora, el pensar los temarios juveniles a nivel sectorial exige vislumbrar entre otras cuestiones cómo desde la educación se construyen sujetos participativos, como desde antes de la juventud, en la niñez y la adolescencia se fomenta la participación activa, se incide en la comprensión del territorio y las problemáticas sociales, y se promueve la comprensión de la otredad, logrando con esto que los individuos al llegar a su etapa juvenil traigan consigo un conocimiento básico sobre su papel en el sistema social, sobre la comprensión de los otros y de sí mismos como sujetos de derechos y responsables de deberes, y sobre lo que su incidencia puede lograr para modificar su contexto y a su comunidad.
Es así como la educación es parte fundamental del engranaje para que la juventud sea motor de cambio y progreso social, toda vez que, esta genera y sienta las bases para que los sujetos puedan tener capacidades para la comprensión de y en los diferentes ámbitos participativos, así como promueve su desarrollo y les invita a conocer roles activos en el sistema societal. Por este motivo, es que en los diversos contextos en Latinoamérica es fundamental su abordaje, no solo en términos de cobertura y acceso, sino también en relación con la calidad, logrando desde esta la promoción de sujetos críticos, que busquen alternativas de solución a los problemas públicos y brinden a sus territorios y comunidades nuevas formas de observar la realidad social.
La educación como se observa es un primer insumo para el desarrollo integral, pero también como se referenció anteriormente es pertinente una apertura de la institucionalidad, no solo en relación con los modelos de gestión enfocados a la gobernanza, sino en el marco de la incidencia en la toma de decisiones.
Es necesario que los entes públicos más allá de generar estructuras administrativas como coordinaciones, secretarías, ministerios y demás instituciones enfocadas a la juventud también permitan que en la transversalidad de las problemáticas públicas y de sus abordajes se puedan integrar las voces, perspectivas y saberes de los diversos actores generacionales, convirtiendo a los grupos poblacionales en motores de cambio que permiten incidir en el progreso social.
Este escenario no es sencillo de modificar, tanto a nivel discursivo como a nivel operacional, pues no solo requiere de la generación de espacios, normas, reglamentos, e instituciones formales, exige de la comprensión de instituciones informales en el marco del relacionamiento, las cuales amplíen las capacidades de los funcionarios públicos para concebir a los diferentes sujetos en el marco de la otredad y la horizontalidad, alejando en el caso de la juventud la visión hacia los sujetos (jóvenes) desde una mirada paternalista, orientando la perspectiva a los enfoques de co-creación y construcción conjunta de comunidad, donde se puede generar una igualdad básica en la relación social.
Sumado a lo anterior, el lograr el desarrollo de la participación juvenil como motor de cambio y de progreso social, necesita de la intervención de las limitantes expresadas, si bien en una primera instancia se debe abordar los escenarios públicos e institucionales, mejorando las relaciones entre los actores implicados en la toma de decisiones, también es pertinente abordar las limitantes que presenta el grupo poblacional.
En un primer momento, como ya se referenció en términos formativos, no solo durante la juventud sino también desde los estadios etarios anteriores a estas. En un segundo estadio, es necesario mejorar los espacios de relacionamiento en el grupo poblacional, disminuyendo las asimetrías referenciales y de comprensión de la realidad social entre quienes representan a los sujetos desde las lógicas de la democracia representativa y quienes desean incidir en el cambio social a través de su participación directa en el marco de la democracia integral. Siendo así, como a partir de estos abordajes es posible que los ámbitos participativos se amplíen, mejoren su desarrollo e incidencia para ser de esta forma motor de cambio y progreso social.
Finalmente, si bien podemos atender algunas ideas conclusivas sobre la participación juvenil, lo anterior nos orienta a ir más allá e interrogarnos: qué tanto avanzó la juventud en su participación en los diferentes ámbitos; qué se requiere para ampliar los estadios participativos; es pertinente pensar una realidad con la participación de los diversos actores comunitarios; es necesario ampliar la participación individual como colectiva, y es posible el cambio y el progreso social desde la perspectiva etaria y/o diferencial.
[1] MSc en Política Pública y Profesional en Estudios Políticos de la Universidad del Valle. Correo: maria.rodriguez.vasquez@correounivalle.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9060-1277 Colombia
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